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La posibilidad de una reducción de la jornada laboral en México ha dejado de ser una simple especulación para convertirse en una inminente realidad. Esta tendencia, impulsada tanto por la necesidad de adaptar el marco laboral a los estándares internacionales como por las demandas del mercado, está encontrando eco en la discusión legislativa y en las prácticas empresariales.
De acuerdo con Alejandro Caro, socio de Servicios de Asesoría-Laboral de EY México, la cuestión no es si esta reforma sucederá, sino cuándo. La confluencia de intereses políticos y sociales, junto con una tendencia global que apunta hacia la protección del bienestar de los trabajadores, coloca la semana de 40 horas como un escenario probable y cercano. Las discusiones en la Cámara de Diputados, que ya acumulan varias propuestas de reforma constitucional, reflejan el creciente consenso sobre la necesidad de otorgar dos días de descanso por cada cinco de trabajo, reduciendo así la jornada de 48 a 40 horas semanales.
Este cambio, respaldado por precedentes como el Convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desde 1935 recomienda un máximo de 40 horas semanales para preservar la salud laboral, está siendo evaluado con seriedad. Aunque México no ha ratificado este convenio, su esencia puede servir como guía para la implementación de una reforma adaptada al contexto local.
Chile y Colombia, dos economías de la región, ya han iniciado un proceso de transición gradual para reducir la jornada laboral, lo que refuerza la idea de que México podría seguir el mismo camino. La discusión no se limita a la aplicación de una reforma legal; también es una oportunidad para que las empresas reevalúen sus procesos internos y busquen optimizar el uso del tiempo mediante tecnología y nuevas estrategias operativas.
Luis Peña, también de EY, subraya que la reducción del tiempo de trabajo es un proceso que podría darse incluso sin una reforma, impulsado por la demanda del mercado de modelos laborales más flexibles. Esto obliga a las empresas a adaptarse para atraer y retener talento, considerando jornadas menores a 48 horas. Sin embargo, la transición presenta desafíos, como la necesidad de evitar que la reducción de horas laborales se traduzca en extensión de jornadas extraordinarias o en una contratación insostenible de personal.
Además, la modificación reciente a la Ley de Trata de Personas, que penaliza la explotación laboral y las jornadas que exceden los límites legales, pone de manifiesto un esfuerzo por proteger la dignidad de los trabajadores. Según Jacqueline Álvarez, esta normativa busca garantizar condiciones laborales justas y fomentar un entorno de trabajo saludable.
Las compañías deben abordar este cambio desde una perspectiva integral, revisando sus reglamentos internos, capacitando al personal en todos los niveles y estableciendo mecanismos para monitorear el cumplimiento de las nuevas normas. La transición a una semana laboral más corta puede ser una oportunidad para transformar las estructuras operativas y priorizar la eficiencia y el bienestar.
La pregunta ya no es si México implementará una jornada laboral reducida, sino cuándo y cómo lo hará. La clave estará en un diálogo social abierto y en una adaptación responsable de los modelos de trabajo que favorezca tanto a las empresas como a los trabajadores.
