0
0
Teléfonos de México (Telmex) informó que no está en condiciones de retirar del todo los teléfonos públicos que funcionaban con tarjeta prepago, ya que su título de concesión —el acuerdo que le permite explotar servicios de telecomunicaciones en el país— lo obliga a mantener este servicio disponible en ciertas zonas. Esto se da pese a que el uso de estas casetas ha caído drásticamente con la creciente penetración de los teléfonos móviles.
Según el empresario Carlos Slim Helú, propietario de Telmex, en México aún existen alrededor de 500 mil teléfonos públicos que operan con tarjeta, una cifra significativa si se considera el declive en la demanda de este tipo de servicios ante la preferencia por la comunicación digital. El directivo ha señalado que, aunque su utilidad se ha reducido, la empresa debe cumplir con términos regulatorios específicos antes de retirarlos.
La obligación de conservar estas casetas se deriva de compromisos establecidos en la concesión otorgada por el Estado, que contemplan ofrecer acceso universal a servicios de telecomunicaciones, especialmente en comunidades rurales o de difícil acceso donde otras formas de comunicación son limitadas. Esto ha generado un debate sobre la modernización del marco regulatorio para reflejar las nuevas realidades tecnológicas.
Representantes de Telmex han señalado que, aun cuando los teléfonos públicos con tarjeta estén poco utilizados, su mantenimiento continúa siendo una condición legal y que cualquier modificación requeriría la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes. La empresa ha defendido que su operación cumple con la normatividad vigente.
Expertos en telecomunicaciones han apuntado que, dada la obsolescencia de las tarjetas prepago y el giro del mercado hacia los servicios móviles, existe una oportunidad para actualizar las concesiones y replantear la obligación de mantener estos equipos, con enfoque en nuevas tecnologías que puedan ampliar el acceso en zonas marginadas.
Mientras tanto, usuarios que aún dependen de estos teléfonos públicos, sobre todo en localidades rurales, ven con agrado que no sean retirados de inmediato, aunque reconocen que su uso es cada vez más esporádico. La discusión sobre el futuro de estos servicios continúa entre autoridades, reguladores y la propia industria.
